 |
| Agredir a sanitarios y profesores será penado hasta con cuatro años. España |
Agredir a sanitarios y profesores será penado hasta con cuatro años
El Código Penal amplía los funcionarios protegidos como autoridad pública
En los últimos cinco años se han contabilizado más de 2.000 agresiones a médicos en toda España. En ocho de cada diez casos, con lesiones físicas. Una vez en el juzgado, esos ataques se pueden considerar tanto faltas como delitos, algo que la Organización Médica Colegial (OMC) lleva años peleando por cambiar. La aprobación en el Congreso de los Diputados de la reforma del Código Penal el jueves pone fin a esa heterogeneidad: agredir a médicos o profesores cuando trabajan es atentado contra la autoridad y conlleva hasta cuatro años de cárcel.
Artículo 550
- “Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos”.
- “Los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad” [...] Son “actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas”.
Una enmienda al artículo 550 del Código Penal aclara cuándo se produce un atentado contra funcionarios sanitarios y educativos, algo que la jurisprudencia ya venía recogiendo en muchos casos por la aprobación de normativas autonómicas y pronunciamientos judiciales. La consideración abarca a 570.000 funcionarios docentes, según datos del Ministerio de Educación. También a 115.000 médicos y 165.000 enfermeros contabilizados en el Sistema Nacional de Salud, además de fisioterapeutas, técnicos y otros profesionales que se suman a otros empleados públicos ya considerados autoridad, como jueces o policías.
Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC, calificó este cambio como “el logro más importante en la lucha contra esta lacra” cuando presentó en marzo los últimos datos sobre agresiones a facultativos. La OMC creó en 2009 un Observatorio Nacional de Agresiones poco después de la muerte de la doctora María Eugenia Moreno, una residente de 34 años que fue asesinada por un paciente mientras trabajaba en un centro de salud de Moratalla (Murcia). Pasados los años, muchas fiscalías provinciales fueron firmando protocolos o acuerdos con los sistemas sanitarios regionales para considerar las agresiones como delito de atentado. Incluso cuatro comunidades autónomas –Aragón, Valencia, Extremadura y Castilla y León— han aprobado leyes que así lo prevén, según Alberto Becerra, coordinador del Observatorio.
Profesionales privados, sin protección
Tras los médicos, los enfermeros son los profesionales que sufren más agresiones, según un estudio reciente del Ministerio de Sanidad que habla de 30.000 profesionales sanitarios que sufrieron algún tipo de agresión física o verbal entre 2008 y 2012.
En el caso de los docentes, el sindicato ANPE elabora un informe anual a partir de las llamadas que reciben a la Oficina del Defensor del Profesor. El curso pasado registraron 3.300 llamadas de profesores. El 7% de ellas aludían a agresiones de alumnos y el 1%, de padres o familiares.
Los profesores y médicos de centros privados y concertados quedan fuera de la consideración de autoridad pública. La Organización Médica Colegial (OMC)ha pedido que se incluya a los médicos de la privada, sobre los que aumentaron los ataques en 2014. ¿Qué ocurre con los profesionales de hospitales de gestión privada como los cuatro que ha abierto Madrid en los últimos años? A efectos de servicios y acceso, son hospitales públicos, pero los médicos están contratados por una empresa privada. “Entiendo que todo el que trabaje en el sector público, con independencia del modelo de gestión, debe ser considerado autoridad igual”, opina Julián Ezquerra, secretario general del sindicato médico Amyts, que no cree que se deba extender la consideración de autoridad pública a los médicos de la privada.
Fuente: elpais.com
